El 16 de abril de 2026, la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas se reunió para analizar el Informe de fiscalización relacionado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, salar a 31 de diciembre de 2024. Este informe ha revelado deficiencias importantes en la gestión de las entidades públicas empresariales, como el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y ADIF-Alta Velocidad.
Principales Acuerdos
Mejora en la Gestión y Prevención de Conflictos de Interés: Se insta al Gobierno a asegurar que las entidades responsables gestionen adecuadamente conflictos de interés, especialmente en el personal encargado del Plan de Recuperación.
Auditorías y Evaluaciones Más Rigurosas: Se solicitarán auditorías internas y revisiones en todas las modificaciones contractuales relacionadas con el Plan. Además, se requerirá que la Auditoría Interna evalúe el cumplimiento de los objetivos antes de cualquier certificación de gastos.
Implementación de Protocolos de Seguridad: Se ordenará que el protocolo HTTP sea aplicado para mejorar la gestión de datos y que se extienda el Esquema Nacional de Seguridad a todos los sistemas que manejan fondos europeos.
Transparencia en la Información Económica: Se exigirá un desglose de gastos no elegibles en el Plan antes de cualquier solicitud de pago. Las declaraciones de ausencia de conflictos de interés deberán ser específicas y detalladas.
Prevención del Fraude: Se ejecutará un plan antifraude específico y se recalificarán los riesgos asociados a la selección de actuaciones y a posibles sobornos, sometiendo a auditorías rigurosas contratos superiores a 1 millón de euros.
Automatización de Procesos: Se apoyará la automatización de la sincronización de información entre diferentes plataformas relacionadas con la gestión de los fondos europeos para evitar errores manuales.
Estas medidas buscan asegurar que la gestión de fondos del Plan de Recuperación sea más transparente, eficiente y libre de conflictos de interés. Se espera que, con estas nuevas obligaciones, las entidades públicas sean supervisadas de manera más eficaz y que se garantice un uso adecuado de los recursos destinados a la mejora de infraestructuras en España.