La Secretaría de Estado de Justicia ha publicado un convenio que abre las puertas a los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para realizar prácticas externas en juzgados y tribunales en varias comunidades autónomas. Este acuerdo, firmado el 2 de junio de 2026, incluye las comunidades de Galicia, Comunitat Valenciana, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Illes Balears, Región de Murcia, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
¿Qué Implica Este Convenio?
El objetivo de este convenio es ofrecer a los estudiantes de derecho la oportunidad de adquirir experiencia práctica en el sistema judicial. Las prácticas pueden ser curriculares (obligatorias para la titulación) o extracurriculares (voluntarias) y están pensadas para aquellos matriculados en grados o másteres relacionados con la Administración de Justicia.
La duración y horario de las prácticas se definirán en función de las necesidades de los juzgados y la organización interna. Cada alumno deberá cumplir con los horarios y normas establecidos por el tribunal donde realice las prácticas.
Derechos y Obligaciones de los Estudiantes
Los estudiantes que participen en estas prácticas deben seguir una serie de normas, que incluyen:
- Cumplir puntualmente con los horarios estipulados.
- Mantener una conducta profesional y respetuosa.
- Firmar un acuerdo de confidencialidad para proteger la información a la que tengan acceso.
- Producir una memoria final al concluir las prácticas.
Por su parte, los tribunales están obligados a proporcionar a los estudiantes un tutor que se encargará de supervisar su desarrollo y evaluar su desempeño.
Exención de Responsabilidades
Es importante destacar que estas prácticas son de carácter académico y no generan vínculos laborales ni derechos de salario. Además, el Consejo General del Poder Judicial y otras entidades involucradas no se hacen responsables de cualquier tipo de daño directo o indirecto relacionado con las prácticas.
Promoción y Duración del Convenio
El contrato tiene una duración de cuatro años, con la posibilidad de renovación mediante acuerdo entre las partes. Este convenio busca no solo mejorar la formación de los futuros profesionales del derecho, sino también elevar la calidad del servicio judicial al involucrar a estudiantes en procesos prácticos.
Este acuerdo representa un paso significativo para fomentar la empleabilidad de los estudiantes de derecho y fortalecer su preparación académica. Las partes firmantes también se han comprometido a difundir esta colaboración y darla a conocer en sus memorias anuales, fortaleciendo así la transparencia y la relación entre la academia y el sistema judicial.