El 26 de mayo de 2026, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó la convocatoria de un proceso de selección para la especialización en asuntos mercantiles, donde se ofrecerán un total de 12 plazas. De estas, una se reservará para personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33%, siempre que superen las pruebas de selección.
¿Quiénes pueden participar?
Podrán presentarse aquellos miembros de la Carrera Judicial o Fiscal que hayan estado en activo durante al menos dos años. Además, deberán haber realizado un curso de formación continua con perspectiva de género de al menos 50 horas lectivas.
Proceso de Inscripción
Los aspirantes tendrán un plazo de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOE para presentar sus solicitudes. La inscripción se puede realizar electrónicamente a través del sitio web del Gobierno. Si por alguna razón no pueden presentar la solicitud de forma electrónica, podrán solicitar la presentación en papel por algún motivo justificado.
Fases del Proceso Selectivo
El proceso incluirá varias pruebas para evaluar las capacidades de los aspirantes. Los exámenes consistirán en dos partes:
- Ejercicio Teórico: Los aspirantes expondrán tres temas al azar, con un tiempo máximo de 60 minutos, seguido de una ronda de preguntas del Tribunal.
- Dictamen: Consistirá en la redacción de un dictamen sobre temas específicos, con un tiempo máximo de cinco horas para su elaboración.
Los aspirantes deben alcanzar al menos 15 puntos en cada prueba para ser considerados aprobados.
Adaptaciones para Personas con Discapacidad
Los solicitantes que busquen la plaza reservada para personas con discapacidad deberán hacer mención de las adaptaciones necesarias para participar en el proceso, y el Tribunal decidirá sobre estas solicitudes.
Publicación de Resultados
Los resultados de las pruebas se harán públicos en el BOE, y habrá plazos para la corrección de errores o impugnaciones por parte de quienes no sean admitidos.
Este proceso se considera fundamental para asegurar la correcta especialización de jueces en un área donde la formación continua es vital debido a la complejidad y el dinamismo de la legislación mercantil.