A partir del 12 de junio de 2026, España iniciará la aplicación de los Reglamentos de la Unión Europea vinculados al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Estas nuevas normativas cambian cómo los solicitantes de protección internacional pueden presentar recursos sobre decisiones administrativas relacionadas con su estatus.
Los principales cambios son:
Plazos más cortos para recurrir: Los solicitantes tendrán entre 5 a 10 días o de 2 semanas a un mes para presentar un recurso judicial, dependiendo del tipo de resolución. Para los casos de traslado a otro Estado miembro, el plazo será de entre 1 y 3 semanas.
Inicio del cómputo de plazos: Los plazos comenzarán a contar desde la notificación de la resolución administrativa de la solicitud de protección internacional. Esto significa que los solicitantes deben estar muy atentos a las fechas de notificación.
Incompatibilidad con el recurso administrativo de reposición: Este nuevo marco legal declara que el recurso administrativo de reposición que actualmente existe en el ordenamiento español es incompatible con las nuevas regulaciones europeas. Es decir, los solicitantes no podrán detener el conteo de los plazos de los recursos judiciales con este tipo de recurso. Cualquier intento de presentar un recurso administrativo de reposición no impedirá que el plazo judicial siga su curso.
Énfasis en la protección judicial: La normativa busca asegurar que todas las decisiones tomadas en el proceso de solicitud de protección internacional se sometan a control judicial efectivo, asegurando que los derechos de los solicitantes estén protegidos.
Estos cambios significan que, para quienes solicitan asilo, será crucial actuar con rapidez tras recibir decisiones administrativas. La falta de acción en los plazos establecidos puede resultar en la pérdida de derechos en el proceso de asilo.
En resumen, a partir del 12 de junio de 2026, los solicitantes de protección internacional en España deberán adaptarse a plazos de recursos más estrictos y perderán la opción de recurrir de forma administrativa antes de pasar al recurso judicial.