El 23 de abril de 2026 se firmó un convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), cuyo principal objetivo es proporcionar apoyo legal a la universidad en diversos procedimientos judiciales.
¿Qué implica este convenio?
Asistencia Jurídica: La Abogacía General del Estado brindará asesoramiento legal y defensa ante tribunales a la UAM. Esto se llevará a cabo a través de Abogados del Estado. Sin embargo, la universidad puede optar por elegir sus propios abogados o procuradores.
Coste del Servicio: La Universidad Autónoma de Madrid pagará 20,000 euros anuales, más IVA, a la Abogacía General del Estado por este servicio. Este importe se dividirá en tres pagos a lo largo del año.
Duración y Renovación: El convenio tiene una duración inicial de dos años, con la posibilidad de prorrogarlo otros dos años, siempre que ambas partes estén de acuerdo.
Comisión de Seguimiento: Se creará una Comisión de Seguimiento para controlar la ejecución del convenio, compuesta por miembros de ambas instituciones, que se reunirá al menos una vez al año.
Condiciones de Terminación: El convenio puede ser resuelto por varias razones, incluyendo el acuerdo mutuo o el incumplimiento de las obligaciones.
¿Cómo afecta esto a la UAM?
La UAM se beneficia de una estructura más formalizada para recibir asistencia legal, asegurando que su representación ante los tribunales esté profesionalmente respaldada. Esto mejora la coordinación y efectividad de su defensa jurídica.
Para la UAM, no son necesarios cambios inmediatos en su estructura, pero debe estar atenta a las fechas de pago acordadas para cumplir con sus obligaciones financieras hacia la Abogacía General del Estado.
¿Qué debe hacer la UAM?
- Asegurarse de que las obligaciones de pago se realizan en los plazos establecidos.
- Colaborar con los abogados del Estado para un manejo eficiente de cualquier proceso legal.
- Designar a sus representantes para la Comisión de Seguimiento.
Este convenio, publicado en el BOE el 15 de mayo de 2026, no solo garantiza apoyo legal a la UAM, sino que también refuerza la relación entre el sector público y las instituciones educativas.