El 4 de mayo de 2026, se hizo oficial un nuevo convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA), una entidad del sector público que opera en actividades relacionadas con la agricultura, agricultura sostenible, desarrollo rural y conservación del medio ambiente.
Este acuerdo se produce tras la necesidad de coordinar y hacer más efectiva la asistencia jurídica que TRAGSA recibe por parte de la Abogacía General del Estado. Según el convenio, TRAGSA podrá recibir tanto asesoramiento como defensa en litigios a través de abogados del Estado. Sin embargo, TRAGSA también retiene el derecho de elegir su propia representación legal si lo considera necesario.
Un aspecto importante que señalar es que este convenio tiene una duración inicial de dos años, con la posibilidad de prorrogarse un máximo de dos años más mediante un acuerdo entre las partes. Para que el convenio sea efectivo, debe ser inscrito en un registro estatal y será publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Además, TRAGSA se compromete a pagar anualmente 100.000 euros más IVA a la Abogacía General del Estado por los servicios de asistencia jurídica, divididos en pagos trimestrales. Este costo puede ser relevante para la entidad, dado que puede afectar a su presupuesto en el área de servicios legales.
Finalmente, la regulación también establece un mecanismo de seguimiento para asegurar que el convenio se cumpla adecuadamente, a través de una Comisión de Seguimiento integrada por miembros de ambas partes.
Este convenio puede llevar a que los litigios en los que intervenga TRAGSA sean gestionados de manera más eficiente, lo que podría resultar en ahorros de costos y tiempos en procedimientos legales.