El 30 de abril de 2026 se firmó un convenio entre el Instituto Social de la Marina (ISM), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Dirección General de la Marina Mercante, que regulará la gestión y financiación de los gastos comunes de un inmueble que ambos organismos comparten en la localidad de Ayamonte, Huelva.

¿En qué consiste el convenio?

Este convenio tiene como objetivo establecer los criterios de administración y participación en los gastos que no pueden ser individualizados, tales como:

  • Limpieza
  • Mantenimiento
  • Vigilancia
  • Suministros
  • Impuestos y permisos municipales

El gasto total estimado para el uso compartido del inmueble fluctuará, comenzando en unos 10.392 euros en 2026, y aumentando progresivamente hasta alcanzar aproximadamente 15.051,01 euros en 2029.

¿Quién es el responsable de la administración?

La administración del inmueble será gestionada por el Instituto Social de la Marina, el cual será responsable de contratar los servicios necesarios y coordinar el mantenimiento del hogar común, de acuerdo con las normativas de la Seguridad Social.

Participación en los gastos

Los gastos serán compartidos según el porcentaje de la superficie que cada entidad ocupa en el edificio. Por ejemplo, se ha definido que el ISM ocupará un 50% de la instalación, mientras que el INSS y la DGMM ocuparán el 31,06% y el 13,33% respectivamente. Esto implica que cada parte pagará en función de su uso del inmueble.

Duración y condiciones

El convenio tiene una duración inicial de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarse otros cuatro más. Sin embargo, cualquiera de las partes puede denunciarlo en cualquier momento, y se establece un procedimiento para resolver conflictos que pudieran surgir respecto a su cumplimiento.

¿Cómo le afecta esto al ciudadano?

Para los ciudadanos que necesiten acceder a los servicios de estas instituciones en Ayamonte, no deberían notar cambios drásticos en el funcionamiento ordinario, ya que el convenio está destinado a facilitar una mejor gestión de los recursos compartidos y asegurar la continuidad del funcionamiento de las instituciones presentes.