El 15 de abril de 2026 se firmó un importante convenio entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Este acuerdo tiene como objetivo impulsar el proyecto «Gestión de la Demanda del Dato Público», enmarcado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el cual está financiado por los Fondos Next Generation EU.
¿Qué es este convenio?
El convenio busca desarrollar servicios y medios para que la información de la Administración General del Estado sea accesible y útil. Esto se logrará a través de la creación de un catálogo de información reutilizable, que facilitará el acceso a datos relevantes tanto para organismos públicos como para investigadores, siempre bajo un adecuado gobierno y gestión del dato.
Contexto del proyecto
Este convenio se inserta en un contexto europeo más amplio en el que se busca mejorar la forma en que se gestionan y comparten los datos en toda la Unión Europea. La iniciativa es parte de un plan que fue aprobado por la Comisión Europea en 2021 para modernizar la economía tras la crisis provocada por la COVID-19.
¿Cómo estará estructurado?
- El convenio tendrá una vigencia hasta el 30 de junio de 2026, aunque puede prorrogarse si se amplían los plazos de los Fondos Next Generation EU.
- Se habilitará un equipo de trabajo que se encargará de implementar este proyecto, centrándose en evaluar el estado de los datos, la mejora de sus procesos y los aspectos legales y normativos relacionados con la gestión de datos.
¿Quién se beneficia?
Los beneficiarios de este proyecto incluirán:
- Organismos Públicos: tendrán acceso a un mejor catálogo de datos que podrán utilizar en su gestión diaria.
- Investigadores y académicos: podrán acceder a una mayor cantidad de datos públicos que facilitarán su trabajo y la investigación en diversas áreas.
- La ciudadanía en general: al mejorar la gestión y acceso a datos públicos, se promueve más transparencia y eficiencia en la administración pública.
Implicaciones prácticas
Con este convenio, se espera optimizar la reutilización de datos públicos y estandarizar procedimientos para facilitar el acceso a los mismos. Esto significa que tanto instituciones como ciudadanos tendrán acceso a datos más transparentes y utilizables para diferentes fines que aumenten la interacción y colaboración con las administraciones públicas.
En conclusión, la «Gestión de la Demanda del Dato Público» no solo es un paso hacia la modernización administrativa sino también un compromiso con la transparencia y la mejora del acceso a la información pública.