La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha hecho una importante adjudicación de destinos a funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Esta decisión afecta a los funcionarios que superaron el proceso selectivo convocado el 22 de diciembre de 2022.

Plazos importantes:

  • Los funcionarios deberán tomar posesión de su nuevo cargo en un plazo de 20 días hábiles desde la publicación de esta resolución, que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 3 de junio de 2026.
  • Los documentos necesarios para formalizar esta toma de posesión, deben enviarse previamente y en cuadruplicado por la Gerencia Territorial correspondiente.

Opciones de funcionarios que ya poseen un cargo:

  • Los funcionarios que ya forman parte del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa o Auxilio Judicial y que opten por continuar en su puesto actual, no necesitarán desplazarse para tomar posesión en el nuevo destino. Simplemente deberán notificar su decisión a la Gerencia Territorial dentro del mismo plazo mencionado anteriormente.
  • Aquellos que opten por ingresar en el Cuerpo de Tramitación y deseen evitar interrupciones en sus servicios podrán solicitar permisos retribuidos de entre 1 y 3 días, dependiendo de si hay cambio de localidad o se desplazan desde Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla.

Toma de posesión y documentación:

  • Al tomar posesión, los responsables de las oficinas judiciales deberán enviar documentación necesaria para que se realicen las modificaciones pertinentes en nómina.
  • Las plazas que no sean adjudicadas se mantendrán como desiertas y podrán ser ofrecidas en futuros concursos.

Recursos:

  • Aquellos funcionarios que deseen recurrir esta resolución pueden hacerlo mediante un recurso de reposición en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo en dos meses.

Este proceso es crucial para la organización del personal en la Administración de Justicia, asegurando que los funcionarios designados asuman sus funciones para asegurar la operatividad de los servicios judiciales.