El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha publicado una orden que adjudica destinos a los funcionarios del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa que superaron el proceso selectivo. Esta medida está en línea con la normativa de ingreso y provisión de puestos del personal funcionario en el ámbito de la justicia.

Asuntos a considerar

Plazos: Los nuevos funcionarios deben tomar posesión de su cargo en un plazo de 20 días hábiles desde la publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado. Esto significa que es crucial que estén atentos a esta fecha para no perder su nuevo puesto.

Opción de Excedencia: Aquellos que ya pertenecen a otros cuerpos, como el de Gestión Procesal y Administrativa o Auxilio Judicial, y deseen continuar activos, deben comunicar su opción de permanecer en el mismo, lo que implica la declaración de excedencia voluntaria. Esta decisión debe notificarse a la Dirección de la Administración de Justicia durante el período de toma de posesión.

Permisos para toma de posesión: Los funcionarios que cambien de localidad para su nuevo destino podrán solicitar permisos retribuidos de uno a tres días hábiles para facilitar su traslado y evitar interrupciones en sus servicios. Esto permite que los funcionarios puedan organizar su mudanza sin perder tiempo en su nuevo puesto.

Incompatibilidades: Es importante mencionar que los nuevos funcionarios no podrán participar en concursos de traslados durante un período de dos años desde la fecha de adjudicación de su destino, lo que significa que tendrán que estar en su puesto por un tiempo antes de pensar en un nuevo cambio.

Información adicional

Las plazas adjudicadas a aquellos que superaron la convocatoria anterior y no pudieron ser ocupadas siguen consideradas desiertas, aunque podrían abrirse en futuras ofertas de empleo público.

Para quienes deseen impugnar esta resolución, tienen la opción de presentar un recurso ante la consejería correspondiente en un plazo de un mes.

Esta reorganización es un paso importante para fortalecer el sistema judicial, asegurando que los funcionarios adecuen sus posiciones a través de procesos justos.