El 8 de abril de 2026, se ha hecho pública una resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que atiende parcialmente a la convocatoria de libre designación de puestos dentro de este ministerio, la cual fue anunciada el 25 de febrero de 2026.
¿Qué implica la convocatoria? A través de esta convocatoria, se asignan diferentes puestos de trabajo mediante un proceso de libre designación, lo que permite que cargos de confianza y otras posiciones sean cubiertas por funcionarios que cumplen con los requisitos establecidos. En este caso, la toma de posesión para los nuevos destinos será realizada conforme a lo estipulado en el Real Decreto 364/1995.
Oportunidades para los funcionarios: La resolución menciona específicamente dos puestos en las Delegaciones del Gobierno en Aragón y Galicia. Por ejemplo:
- Jefe de Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer en la Delegación del Gobierno en Aragón.
- Jefe Adjunto de la Secretaría de Delegado del Gobierno en la Delegación del Gobierno en Galicia.
Los funcionarios que deseen impugnar la resolución tienen derechos establecidos:
- Pueden presentar un recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación.
- También tienen la opción de interponer un recurso contencioso-administrativo durante un plazo de dos meses.
Estos procedimientos garantizan que cualquier afectado por la resolución tenga la oportunidad de defender sus derechos y obligaciones.
¿Quiénes están afectados? Los funcionarios del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, especialmente aquellos que están en proceso de libre designación o que podrían ocupar uno de los puestos adjudicados por esta resolución.
¿Qué deben hacer los afectados? Los funcionarios que se sientan afectados por la resolución y quieran recurrirla deben estar atentos a los plazos de un mes para el recurso de reposición o de dos meses para el recurso contencioso-administrativo, dependiendo de su preferencia.
La resolución también establece que la nueva ocupación de los cargos se realizará de acuerdo con la normativa vigente, garantizando así la continuidad del servicio público en competencias tan importantes como la coordinación contra la violencia sobre la mujer.