El 20 de abril de 2026 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden PJC/357/2026, que declara la pérdida de la condición de funcionario de carrera de José Pío Benito García, quien era parte del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia en la Comunidad Valenciana. Esta decisión se debe a una sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Alicante el 10 de junio de 2025, que le impuso, entre otras penas, una inhabilitación especial para empleo o cargo público de cinco años.

Dado que la sentencia es firme, el Ministerio ha aplicado lo dispuesto en la Ley del Poder Judicial, que permite la pérdida automática de la condición de funcionario en casos de inhabilitación. Esta acción indica que García no podrá desempeñar ninguna función pública durante el tiempo estipulado por la condena.

Los afectados por esta disposición son los ciudadanos que deben conocer que, en caso de condenas de este tipo, se puede perder la condición de funcionario, lo cual afecta la administración de justicia y la percepción de la confianza pública en los funcionarios.

Los interesados en este caso tienen opción de interponer, en el plazo de un mes, un recurso potestativo de reposición ante el mismo organismo que emitió la orden o bien presentar un recurso contencioso-administrativo dentro de los dos meses posteriores a la publicación de la orden.