El Congreso de los Diputados debatió sobre la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que busca establecer un marco orgánico contra la ocupación ilegal de inmuebles. La medida tiene como objetivo garantizar la convivencia vecinal y la seguridad de las personas en comunidades de propietarios, así como responder a una supuesta crisis de desprotección frente a la ocupación.
El portavoz del Grupo Popular, señor Sayas López, defendió la urgencia de la ley, argumentando que la ocupación en España ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 100,000 viviendas afectadas. Criticó al Gobierno por haber retenido la discusión de esta ley durante 24 meses, afirmando que esto equivale a un "secuestro al Parlamento" que impide a los ciudadanos ejercer su derecho a elegir.
Sayas propuso medidas drásticas que incluyen la posibilidad de desalojar a los okupas en un plazo de 24 horas, aumentar las penas a quienes cometan estos delitos y prohibir que los okupas puedan empadronarse en las viviendas que ocupan. Además, subrayó una relación directa entre la okupación y el problema del acceso a la vivienda, argumentando que la inseguridad sobre el alquiler ha llevado a la retirada de muchas viviendas del mercado.
En el turno de respuesta, la representante del Grupo Mixto, señora Micó Micó, rechazó la narrativa del Grupo Popular, señalando que la mayoría de los okupas no provienen de individuos sino de entidades como bancos y grandes tenedores de propiedades. Aseguró que el problema fundamental es la dificultad de acceso a la vivienda que enfrentan los jóvenes, lo que genera un contexto de necesidad que a menudo no se aborda adecuadamente en los debates parlamentarios.
La división entre los grupos sobre la naturaleza y la solución a los problemas de ocupación y vivienda es, en este sentido, significativa y apunta a una polarización creciente en el discurso político sobre temas sociales críticos.