En Valencia, se ha dado a conocer una importante resolución que afecta a la inscripción de propiedades en el Registro de la Propiedad, especialmente en situaciones donde las fincas no están formalmente constituidas en régimen de propiedad horizontal. Este caso implica a propietarios que intentaron adaptar la descripción de su local al Catastro, incluyendo una segregación y agrupación de fincas.
Los propietarios, tras obtener la autorización unánime de la comunidad de propietarios y la licencia municipal, intentaron corregir la descripción del local y solicitaron su inscripción en el registro. Sin embargo, la registradora de la Propiedad de Valencia denegó la inscripción, alegando que existían defectos en cuanto a la asignación de superficies, la falta de cuota de participación en elementos comunes y la identificación precisa de las fincas.
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha tomado la decisión de confirmar en gran medida la calificación de la registradora, señalando que se debe establecer un régimen de propiedad horizontal formal antes de poder realizar modificaciones en las fincas. En particular, se indica que en un edificio que no está formalmente regularizado no se pueden llevar a cabo ciertas operaciones de segregación y agrupación.
Esto implica que muchos propietarios de edificios viejos y sin regularizar en Valencia deberán considerar la regularización de su situación de propiedad horizontal antes de poder llevar a cabo cambios en sus propiedades. La falta de adecuación puede obstaculizar el acceso a registros y a la modificación de propiedades en el futuro. Así, este problema no solo afecta a los involucrados en este caso particular, sino que podría tener un impacto más amplio en las comunidades que no han adaptado sus estatutos a la normativa vigente de propiedad horizontal.
Por lo tanto, los propietarios involucrados en situaciones similares deberían comenzar a gestionar la regularización de su condición de propiedad horizontal si desean realizar operaciones futuras con sus inmuebles.
Este procedimiento requiere atención y diligencia, ya que no solo afecta a la formalización de derechos sobre las propiedades, sino que también puede tener implicaciones económicas significativas para las comunidades de propietarios, considerando los posibles costes asociados a la notaría y el registro.