El 17 de febrero de 2026, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública emitió una resolución que afecta a la inscripción de una escritura de opción de compra relacionada con una propiedad en Benidorm. Esta decisión se origina en un recurso presentado por don E. C. contra la negativa de la registradora de la Propiedad de Benidorm número 3, doña Margarita Aranda Mínguez, quien consideró que la escritura en cuestión encubría un pacto de financiación, lo que impedía su inscripción.
Contexto del Caso
La escritura fue firmada el 14 de julio de 2025 y contenía un derecho de opción de compra sobre una propiedad, estableciendo que la opción debería ejercerse en un plazo de 24 meses. Sin embargo, la registradora señaló varias irregularidades en el documento, incluyendo:
- El precio de la opción (40.000 euros) debía abonarse a través de una cuenta de una empresa aparentemente no vinculada a los titulares de la propiedad.
- El precio acordado para la compra (80.000 euros) era notablemente inferior al valor de tasación (210.098 euros) de la propiedad.
- Contradicciones en las cláusulas que permitían al comprador ejercer la opción unilateralmente, pero al mismo tiempo imponían indemnizaciones.
La registradora concluyó que el contrato era simbólico de una traba sobre el inmueble más que un auténtico derecho de opción de compra, lo que afecta la legalidad de su escritura.
Qué Implica Esta Resolución para los Clientes
La decisión implica una prohibición de inscripción que previene a E. C. de obtener los derechos sobre la propiedad, lo que podría afectar su inversión y la seguridad jurídica de su operación. La resolución también destaca la importancia de los contratos claros y legalmente sólidos en el sector inmobiliario, dado que cualquier ambigüedad puede llevar a la nulidad o a la no inscripción en los registros.
Pasos a Seguir para Afectados
- Quienes se encuentren en situaciones similares deben revisar cuidadosamente sus contratos de opción de compra para asegurarse de que cumplen con los requisitos legales.
- Los interesados pueden interponer un recurso ante el Juzgado de lo Civil de la provincia correspondiente en un plazo de 2 meses tras la notificación de la resolución, en busca de alternativas para inscribir su opción de compra.
Conclusión
La resolución reafirma el principio de que los contratos deben reflejar la legalidad y la intención de las partes, y subraya la necesidad de contar con asesoría legal adecuada al momento de manejar transacciones inmobiliarias.
Este caso destaca cuán crucial es la claridad en los contratos de propiedad, tanto para proteger los derechos de los compradores como para evitar futuras complicaciones legales.