El Pleno del Congreso abordó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano que busca el reconocimiento de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, un sistema represivo que afectó a miles de mujeres en España durante el franquismo. La diputada Estrems Fayos presentó un desgarrador testimonio sobre las atrocidades perpetradas, señalando que muchas de estas mujeres fueron internadas sin juicio, sufrieron abusos y estaban expuestas a condiciones inhumanas.
A pesar de haber finalizado la dictadura, el Patronato permaneció operativo hasta 1985, dejando a muchas víctimas sin reconocimiento formal en la legislación actual. Fayos subrayó que el Estado debe asumir la responsabilidad de investigar y localizar a estas mujeres, muchas de las cuales ahora son ancianas y podrían no estar conscientes de su condición de víctimas. Reclamó que el proceso debería incluir la garantía del derecho a la verdad y mecanismos de reparación, así como la indemnización, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas.
La diputada Calvo Gómez, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, corroboró la necesidad de acciones concretas y denunció que, aunque ha existido un interés tardío por hacer memoria, el Estado debe ir más allá de los gestos simbólicos y realizar reparaciones económicas a las víctimas. Resaltó que la falta de un mecanismo estatal ha sido una omisión que perjudica aún más a las supervivientes.
El debate se centró en la exigencia a la administración para que actúe y no dependa de iniciativas individuales, insistiendo en que la memoria histórica no puede seguir siendo una tarea de las víctimas y el movimiento feminista, sino que debe ser un compromiso del Estado para garantizar justicia y rehabilitación.