La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha emitido una resolución importante respecto a la inscripción de una escritura de compraventa de un inmueble situada en Chinchilla de Monte-Aragón. Este caso surge debido a un recurso interpuesto por una notaria de Albacete, doña María Adoración Fernández Maldonado, quien desafiaba la decisión de la registradora de la propiedad, doña Marina Pedrosa Lorente, que había rechazado inscribir la operación argumentando motivos relacionados con la autocontratación y conflicto de intereses.
Los hechos se remontan a la escritura de compraventa realizada el 7 de agosto de 2025, donde don J. S. A. actuaba como administrador tanto de la sociedad vendedora, Cereales Albacete, S.L., como de la compradora, Agropecuaria Franrofer, S.L. La registradora argumentó que no se había presentado un acuerdo de la junta general de la sociedad compradora que pudiera autorizar esta autocontratación, lo que impidió la inscripción.
La notaria argumentó que no existía un autocontrato, ya que las dos entidades estaban administradas de manera diferente y, por lo tanto, no había riesgo de conflicto de intereses. Según ella, la estructura de administración mancomunada de la entidad vendedora aseguraba que las decisiones en relación a la compraventa requerían el acuerdo de ambos administradores, evitando cualquier autocontrato.
Finalmente, la Dirección General concluyó que no se puede calificar la situación como un autocontrato real, ya que no se contratan las mismas partes con intereses contrapuestos. Por lo tanto, la negativa de la registradora fue revocada, permitiendo la inscripción de la escritura de compraventa.
Los afectados por esta resolución son aquellos que están involucrados en operaciones de compraventa inmobiliaria donde existan situaciones similares de administración. Este tipo de aclaraciones proporciona una mayor seguridad jurídica y facilita el proceso de inscripción, eliminando obstáculos para las transacciones entre sociedades.
Si un afectado se encuentra en una situación similar, debe asegurarse de contar con la documentación adecuada que respalde la decisión de sus administradores y evitar así problemas en el registro de propiedades.
Este fallo es un avance importante en la seguridad jurídica que buscan las sociedades en sus transacciones comerciales y ofrece un marco más claro para la actuación de los administradores de empresas.