En la sesión del Congreso, el señor Pisarrello Prados hizo un llamado a la libertad de los activistas de la flotilla secuestrados por Israel mientras criticaba duramente la propuesta del Grupo Parlamentario Popular sobre políticas de vivienda. Afirmó que esta iniciativa es una continuación de las medidas que han llevado a una crisis de vivienda en España, acusando al PP de ser responsable de la situación de emergencia habitacional actual.
Pisarrello recordó cómo decisiones anteriores de los gobiernos populares, que comenzaron en 1998, llevaron a una dramática subida en los precios de la vivienda, y resaltó la venta de viviendas públicas por parte de figuras como Ana Botella a fondos buitre, lo que resultó en un aumento de los alquileres y la expulsión de cientos de familias de sus hogares. Denunció que hay millones de viviendas vacías mientras muchas personas no pueden acceder a un hogar, y que los verdaderos culpables son los "fondos okupas" que retienen estas propiedades para incrementar los precios.
El debate se intensificó cuando se mencionó la alarmante propuesta de la ley del PP, que incluye medidas como desalojos en 24 horas y la posibilidad de cortar servicios básicos a quienes no cumplen con el pago de la vivienda. Pisarrello argumentó que estas acciones son un ataque frontal a los derechos de las familias en situación de vulnerabilidad y que atienden más a los intereses de los especuladores que a los de la población necesitada. Cuestionó abiertamente a Junts y a otros grupos sobre su postura ante el inminente desalojo de una familia en Barcelona, confrontando la necesidad de tomar partido en favor de los ciudadanos frente a los intereses financieros.
Este intercambio ha puesto de relieve la polarización en el Congreso respecto a cómo abordar la crisis de vivienda, con una clara división entre aquellos que abogan por la protección de los derechos de los inquilinos y aquellos que apoyan una legislación que podría agravar la precariedad habitacional.