En el último pleno del Congreso, el diputado Pisarello del grupo republicano lanzó una dura crítica al Partido Socialista y al Gobierno por su gestión de la política de vivienda en España. Según Pisarello, se hace difícil calificar de democrática a una sociedad que no asegura el derecho a la vivienda y que permite la especulación inmobiliria. En su intervención, destacó que la propuesta de prorrogar los contratos de alquiler por dos años no se trata solo de proteger a pequeños propietarios, sino de contrarrestar a grandes empresas como Cerberus y Blackstone, que buscan maximizar sus rentas.
Pisarello arguyó que no se puede hablar de una defensa efectiva de las familias inquilinas sin un parque público de viviendas robusto y criticó la escasa implicación del ministro en las negociaciones para una reforma efectiva.
Además, cuestionó la estrategia del Gobierno, que incluye blindar el parque público de viviendas, sugiriendo que las acciones llegan demasiado tarde en la legislatura y que los fondos destinados a la construcción y rehabilitación de vivienda son insuficientes para abordar el problema.
Esta discusión en el pleno es emblemática no solo por el contenido, sino también por el ambiente de tensión que se observa entre los diferentes grupos parlamentarios sobre la gestión de la vivienda, un tema crucial en un contexto donde muchos ciudadanos enfrentan dificultades para acceder a un hogar. La crítica de Pisarello resuena en un momento donde el debate sobre los derechos de los inquilinos y la necesidad de una regulación efectiva del mercado inmobiliario está en el centro de la agenda política.