La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso ha dictaminado el pasado martes una proposición de ley orgánica para transferir la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia. Esta decisión, tomada por 20 votos a favor y 17 en contra, representa un paso significativo en el proceso legislativo.
La AP-9 es considerada una infraestructura clave que recorre gran parte del territorio gallego. Según la Constitución, el Estado tiene la competencia exclusiva sobre "tráfico y circulación de vehículos a motor", mientras que las comunidades autónomas pueden adquirir competencias sobre carreteras no estatales. Esta proposición busca encajar esas competencias en el marco legal.
El texto de la norma establece dos artículos y disposiciones adicionales que detallan el proceso de transferencia, incluyendo la obligación de elevar una propuesta de Acuerdo a la Comisión Mixta de Transferencias que determine las condiciones necesarias para la transferencia. Es importante destacar que no se prevé incremento alguno en los créditos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado con esta transferencia, asegurando que la operación no tendrá un impacto financiero negativo.
Por tratarse de una ley orgánica, la propuesta deberá ser aprobada por mayoría absoluta en el Pleno del Congreso, donde se discutirá en la próxima sesión. Si se alcanza esa mayoría, la ley será enviada al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria.
Esta medida no solo implica un cambio en la gestión de la AP-9, sino que también puede afectar a ciudadanos, autónomos y empresas que utilicen esta vía, dado que la administración local podría modificar peajes, regulaciones de tráfico y mantenimiento, lo que a su vez podría influir en los costes de transporte y en la movilidad dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.
La próxima semana, el Pleno del Congreso debatirá esta importante iniciativa que podría cambiar la gestión de una de las principales infraestructuras de Galicia.