El pleno del Congreso se vio marcado por un intenso debate en torno a un nuevo real decreto ley presentado por el Gobierno de Sánchez. El portavoz del grupo VOX, señor Sáez Alonso-Muñumer, criticó la falta de claridad y transparencia en la justificación de la "extraordinaria y urgente necesidad" del decreto, señalando que las cuatro páginas presentadas no contienen cifras ni una memoria económica que cuantifique las medidas propuestas. Este argumento resonó con los aplausos de los demás grupos de oposición, quienes acusan al Gobierno de evadir controles y debates públicos mediante la utilización de la legislación de urgencia como un mecanismo habitual.
El real decreto ley en cuestión mezcla diversas disposiciones, desde modificaciones en el régimen de endeudamiento autonómico hasta reglamentaciones sobre la Seguridad Social y medidas relacionadas con abusos sexuales, lo que fue calificado como una técnica legislativa deficiente. Se criticó severamente que las disposiciones incluyeran un crédito extraordinario de 11,3 millones de euros para la empresa TRAGSATEC, enfatizando que este tipo de gastos no responde a medidas preventivas ni al apoyo efectivo a las víctimas de abusos.
El portavoz de VOX también destacó las deficiencias del Gobierno en la promoción de medidas preventivas. Afirmó que un verdadero Gobierno competente debería anticiparse a desastres y reforzar infraestructuras, en lugar de reaccionar de manera insuficiente y tardía. Subrayó que la situación de las cuentas públicas y el crecimiento del endeudamiento, que asciende a 1,72 billones de euros, limita la capacidad de respuesta ante crisis.
A pesar de las inquietudes planteadas por VOX sobre la necesidad de medidas preventivas, como propuestas para garantizar la seguridad de infraestructuras críticas, el Gobierno no ha respaldado estas iniciativas, lo que aumenta la tensión y el descontento entre los opositores. La incertidumbre se redobla con la falta de apoyo a exenciones fiscales y bonificaciones para los afectados por catástrofes, dejando a sus privilegiados en un dilema sobre la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.
Este debate pone de manifiesto el creciente desafío al que se enfrenta el Gobierno, no solo desde el ámbito legislativo, sino también en la percepción pública de su efectividad en la gestión de crisis.